El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó el pasado 9 de abril el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la reforma más profunda del sistema regional de I+D+i en casi dos décadas. La norma liquida un marco jurídico con 19 años de vigencia y redefine desde la gobernanza científica hasta los derechos económicos del personal investigador, pasando por nuevos instrumentos de transferencia del conocimiento y una apuesta explícita por la internacionalización.
El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, calificó el texto como "el mayor avance de las últimas dos décadas en el sistema regional de ciencia", con capacidad para hacer llegar el conocimiento "con más rapidez y eficacia a la sociedad y al tejido productivo". El anteproyecto aprobado deberá completar el proceso de tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley. No se ha detallado el calendario previsto para esa fase.
Una norma pionera en transferencia del conocimiento
Uno de los rasgos más diferenciadores del texto es su carácter pionero a nivel autonómico en la regulación de instrumentos de transferencia. La ley incorpora la Compra Pública de Innovación, un mecanismo que permite a las administraciones impulsar soluciones innovadoras para necesidades públicas concretas. El propio Ejecutivo cita como ejemplo los trabajos en curso en el Mar Menor y su acuífero, donde este modelo ya está en exploración.
El anteproyecto también regula los entornos controlados de pruebas —los conocidos sandboxes— y las tecnologías de uso dual, dos figuras cuya regulación autonómica era hasta ahora inexistente o fragmentaria. La combinación de estos tres instrumentos configura un nuevo ecosistema de transferencia entre ciencia y mercado que el Gobierno regional presenta como una ventaja diferencial frente a otras comunidades autónomas.
La norma crea además el Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica, órgano independiente y consultivo que velará por la integridad científica y garantizará una investigación responsable. Su puesta en marcha responde a la creciente exigencia de marcos éticos en la financiación y ejecución de proyectos, tanto en el ámbito nacional como europeo.
Investigadores con derechos económicos reforzados
El anteproyecto introduce una garantía directa para el personal investigador: como mínimo, el 40% de los beneficios derivados de la explotación de los resultados de su trabajo. Esta disposición se enmarca en el régimen de propiedad industrial e intelectual que fija la norma y persigue reducir la brecha entre la producción científica y el retorno económico para quienes la generan.
La ley actualiza también la clasificación del personal de I+D+i en cuatro categorías: investigador, tecnólogo, técnico de apoyo y personal de gestión. El objetivo es impulsar la movilidad, la transparencia y la internacionalización de las carreras científicas, acercando la estructura de recursos humanos a los estándares europeos.
Internacionalización y atracción de talento
La proyección exterior se convierte en eje transversal del texto. La norma establece un registro específico para la comunidad investigadora regional en el exterior y articula programas de retorno, retención y atracción de talento vinculados a los programas europeos y al Espacio Europeo de Investigación. También refuerza el papel de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas como palanca de acceso a financiación y colaboraciones internacionales.
El anteproyecto se alinea explícitamente con Horizonte Europa y el próximo Programa Marco, las dos grandes iniciativas europeas de financiación de la investigación. "Damos un paso firme para situar a la Región en una posición competitiva dentro del ecosistema científico nacional e internacional", subrayó Vázquez. En materia de financiación, la norma introduce mejoras en los mecanismos disponibles con el objetivo de movilizar tanto recursos públicos como privados. No se ha detallado el objetivo concreto de inversión en I+D que el Gobierno regional se fija con este nuevo marco.
Ciencia ciudadana, inclusiva y sin papel
El cuarto gran eje del texto es la apuesta por la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, que fomenta la participación activa de la sociedad en procesos científicos a través de programas específicos en colaboración con centros educativos e integración en el sistema educativo. Esta línea conecta con la tendencia consolidada en los países de mayor madurez científica, donde la implicación ciudadana en proyectos de investigación se ha convertido en fuente de datos y legitimación social.
En el plano administrativo, la norma apuesta por la eliminación de duplicidades, la agilización de procedimientos y la tramitación íntegramente digital, con el objetivo de reducir las cargas burocráticas sobre investigadores y centros de I+D.
El texto incorpora de forma transversal la igualdad de género y la discapacidad. Se garantizan la accesibilidad universal, la participación efectiva de las personas con discapacidad en la I+D+i y el fomento del liderazgo de las mujeres en la ciencia mediante medidas que, según el Gobierno regional, van más allá de los estándares vigentes. La Región de Murcia aspira así a consolidarse como referente en ciencia inclusiva y paritaria.
Vázquez situó la iniciativa dentro de una estrategia más amplia que incluye la Ley de Universidades, el Plan de Financiación plurianual de las universidades y diversas medidas de excelencia científica. "Estamos construyendo un modelo sólido, basado en la calidad, el talento y la conexión entre universidad, ciencia y tejido productivo", señaló.
