Amefmur y Grant Thornton reunieron esta semana a empresarios y directivos de la Región de Murcia en una nueva edición de sus jornadas técnicas 'Diálogos para llevar a tu empresa más allá', centrada en los retos regulatorios, tecnológicos y laborales que ya condicionan la gestión de la empresa familiar. El encuentro abordó dos ejes críticos: los riesgos jurídicos del entorno digital —ciberseguridad e inteligencia artificial— y las novedades legislativas en materia laboral con impacto inmediato en las plantillas.
La apertura institucional corrió a cargo de Isabel Mendoza, secretaria de la Junta Directiva de Amefmur, quien subrayó que las empresas familiares deben "mantenerse actualizadas ante un contexto normativo cada vez más complejo, en el que la anticipación y la planificación resultan esenciales para preservar su competitividad y legado". José María Rubio, socio director de la oficina de Murcia de Grant Thornton, añadió que estos encuentros permiten trasladar a las empresas "una visión especializada sobre cambios que ya tienen impacto en su día a día".
El Reglamento Europeo de IA entra en vigor en agosto
La primera parte de la jornada estuvo protagonizada por Eloi Font, socio de Derecho Digital de Grant Thornton, quien desgranó los principales riesgos jurídicos vinculados al entorno digital. Font advirtió de que "la tecnología exige que las empresas sean proactivas a la hora de anticiparse a los riesgos jurídicos y adoptar controles internos que permitan gestionarlos de forma adecuada".
Uno de los mensajes más contundentes del encuentro llegó de la mano del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuya aplicación prácticamente completa arranca en agosto de 2025. La norma traslada la responsabilidad de los incumplimientos directamente a la cúpula directiva: "La culpabilidad de no estar adaptado en último término está en los máximos ejecutivos", señaló Font. Las sanciones pueden alcanzar los 35 M€ o el 7% de la facturación total del último ejercicio, una horquilla que convierte la adaptación en una prioridad estratégica, no burocrática.
Font también abordó las implicaciones de la Directiva NIS2, que amplía las obligaciones empresariales en materia de seguridad, gestión de riesgos y protocolos de incidentes, extendiendo además la responsabilidad a los órganos de dirección. La norma afecta a sectores y tamaños de empresa más amplios que su predecesora, y obliga a revisar los sistemas de control interno.
Movilidad sostenible y brecha salarial: dos frentes con fecha límite
La segunda parte del encuentro fue conducida por Juan Carlos Martín, socio de Laboral de Grant Thornton, quien repasó las novedades legislativas y jurisprudenciales con mayor impacto en la gestión de personas. Dos normas concentraron la atención de los asistentes.
La primera, el nuevo Real Decreto de Movilidad Sostenible, de obligado cumplimiento antes del 5 de diciembre de 2026 para empresas de más de 200 empleados —o 100 por turno—. El plan contempla cuatro medidas comunes que todas las compañías afectadas deberán implementar: flexibilidad horaria, modalidades de teletrabajo, facilidades para el transporte compartido y fomento de la movilidad en vehículos de bajas emisiones. El incumplimiento tiene consecuencias directas: "Si las empresas obligadas no lo han hecho antes de la fecha, pueden verse obligadas a devolver ayudas públicas que hubieran recibido en materia de sostenibilidad", advirtió Martín.
La transparencia salarial llega en 2026 con nuevas obligaciones
La segunda norma de calado es la Directiva europea de Transparencia Salarial de 2023, cuya transposición al ordenamiento nacional debe completarse antes del 7 de junio —aunque Martín señaló que podría existir un plazo adicional—. La norma implica cambios sustanciales: los candidatos en procesos de selección deberán conocer el rango salarial del puesto ofrecido, sin que se les pueda preguntar por su historial retributivo. Una vez incorporados, los empleados podrán solicitar en cualquier momento el rango salarial de su categoría, desglosado por sexo y anonimizado.
Las empresas de más de 250 empleados tendrán la obligación adicional de emitir un informe anual sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Si esa brecha supera el 5%, la compañía deberá realizar una auditoría con el comité de empresa y justificar las diferencias. "Las empresas tendrán que tener muy bien definidos cuáles son los puestos de trabajo de igual valor", subrayó Juan Carlos Martín.
Un mapa de riesgos que ya tiene nombre y apellidos
El mensaje global que dejó la jornada fue claro: el entorno normativo ha dejado de ser una amenaza difusa para convertirse en un calendario de obligaciones concretas, con fechas, umbrales y sanciones. "Las compañías deben adelantarse a estas novedades laborales, porque muchas de ellas no solo implican nuevas obligaciones formales, sino cambios reales en la forma de organizar el trabajo, documentar las decisiones y gestionar las relaciones laborales", resumió Martín al cierre de su intervención.
No se ha detallado el número de empresas y directivos asistentes al encuentro ni si está prevista una nueva edición de los 'Diálogos para llevar a tu empresa más allá' antes de que concluya el año.
