El Partido Popular lleva este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para permitir que las juntas de propietarios se celebren de forma telemática con carácter permanente. La Cámara Baja votará el 26 de mayo si el texto se admite a trámite y entra en el proceso parlamentario, lo que abriría el plazo para que los grupos presenten enmiendas al articulado.
La propuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo recupera una fórmula que ya funcionó durante la pandemia de la covid-19 y que, según los populares, demostró ser eficaz para la gestión ordinaria de las comunidades de propietarios. El argumento es directo: si funcionó entonces, no hay razón técnica ni jurídica para descartarla ahora que la emergencia sanitaria quedó atrás.
Una condición: que la comunidad lo apruebe primero
La iniciativa no impone la digitalización de forma automática ni elimina la reunión presencial. Para que una junta pueda celebrarse por videoconferencia, la propia comunidad debe haberlo aprobado previamente en una reunión presencial o tenerlo recogido expresamente en sus estatutos. La decisión, por tanto, queda en manos de cada comunidad de propietarios.
Este matiz es relevante: el Grupo Popular no plantea suprimir la junta física sino ampliar las opciones disponibles para aquellas comunidades que quieran adoptar el modelo digital. La coexistencia de ambas modalidades quedaría garantizada, y ningún propietario podría verse obligado a conectarse si la mayoría no lo ha decidido antes.
La propuesta incluye también la posibilidad de designar un domicilio electrónico a efectos de las comunicaciones entre propietarios, un mecanismo que facilitaría las notificaciones oficiales y reduciría la dependencia de los buzones físicos y del correo certificado en papel.
El Libro de Actas Digital, otro frente
Más allá de la reunión en sí, el PP incluye en la propuesta el impulso al Libro de Actas Digital para comunidades de propietarios. Se trata de avanzar en la digitalización de la documentación vinculada a la gestión comunitaria, un paso que, según los populares, requiere respaldo legal explícito para tener validez plena.
Para que este nuevo formato tenga plena seguridad jurídica, los populares defienden que debe quedar recogido en la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, la norma que regula actualmente el funcionamiento de las comunidades en España. Actualizar una ley de hace más de seis décadas para adaptarla a la realidad digital es, en sí mismo, un argumento difícil de rebatir.
Tecnología disponible, marco legal desactualizado
El PP sostiene que existe "tecnología disponible y consolidada", de uso habitual en otras áreas de la economía, capaz de garantizar la seguridad jurídica, administrativa y procesal de todos los procesos digitales relacionados con la gestión de comunidades. El problema, según los populares, no es técnico sino normativo: la ley vigente no acompaña lo que ya es técnicamente posible y socialmente aceptado.
Este argumento conecta con una realidad extendida: millones de españoles gestionan sus ahorros, firman contratos y realizan trámites con la administración de forma completamente digital, mientras que para convocar una junta de vecinos siguen dependiendo de una norma redactada en plena dictadura franquista.
Qué ocurre si el Congreso admite la propuesta
Si la Cámara Baja vota a favor de admitir el texto a trámite este martes, se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas. A partir de ahí, la propuesta entraría en el proceso legislativo ordinario: comisión, dictamen y posterior votación final en el Pleno. El calendario completo de tramitación dependerá del apoyo que reciba de otros grupos y de la agenda parlamentaria.
No se ha detallado el respaldo con el que cuenta la iniciativa más allá del propio Partido Popular, ni el plazo previsto para completar la tramitación en caso de admitirse.
La reforma afectaría a las comunidades de propietarios de todo el país, un colectivo que gestiona su convivencia bajo una ley cuyo texto original data de hace más de seis décadas. Si prospera, supondría el cambio más significativo en la regulación de las juntas de vecinos desde las medidas de emergencia aprobadas durante la pandemia.
