El Gobierno regional urge al Ministerio para la Transición Ecológica a que “acometa ya la simplificación y reducción de trabas administrativas y burocráticas a la hora de solicitar las ayudas de autoconsumo, para que el dinero llegue lo antes posible a los beneficiarios”.
“Solicitamos al Ministerio que cumpla su compromiso de simplificar los trámites y no destinar más recursos sin corregir antes lo que no funciona”. Así lo exigió el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, tras conocerse que el Ministerio tiene previsto realizar una tercera ampliación de estas ayudas por 500 M€, que se suman a los 20,5 millones procedentes de remanentes.
Vázquez recordó que “el Ministerio se comprometió en la última reunión a reducir la carga documental y a simplificar los procedimientos administrativos a los solicitantes”, por lo que reiteró la petición de que el Gobierno central se siente con las comunidades autónomas para simplificar el procedimiento fijado por el Estado, que “pide un exceso de documentación a los ciudadanos y sobrecarga aún más la gestión a las comunidades autónomas”.
Desde las comunidades autónomas se pide una modificación de las bases reguladoras de las ayudas, crear una aplicación informática que no duplique la carga de trabajo, potenciar la declaración responsable para reducir la carga documental, eliminar duplicidades y fijar criterios más flexibles para redistribuir los fondos a los programas con más demanda.
Estas son las razones por las que las comunidades autónomas de la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Valencia, Aragón, Castilla y León, Canarias, Extremadura. Islas Baleares y Madrid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, firmaron una carta enviada al Ministerio para la Transición Ecológica.
En la citada misiva se pide una reunión con el Ministerio y se detallan hasta seis propuestas para la eliminación de trámites burocráticos y mejora en la gestión de las ayudas.
PROPUESTAS DE LAS COMUNIDAD AUTÓNOMAS QUE PUEDEN SER AMPLIADAS
El consejero Juan María Vázquez argumentó que “nos vemos en la obligación de exigir al Gobierno central que con carácter previo a la aceptación de los fondos por parte de las comunidades autónomas se lleven a cabo al menos seis modificaciones”.
Las 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas exigen al Gobierno Central que se simplifiquen los trámites administrativos en todas las fases, se introduzcan criterios más flexibles para que las comunidades autónomas puedan destinar el dinero a los programas con mayor demanda y se elimine la duplicidad a la hora de dar la información.
También se insta al Ministerio a que racionalice la información reduciendo la carga documental a los solicitantes hasta la fase previa al pago, habilitando la opción de hacer un mayor número de consultas telemáticas, que simplifique la carga administrativa y establezca una tramitación simplificada para la instalación de fotovoltaica de menos de 100 kilovatios.
Por último, que se avance hacia un sistema de costes simplificados para la justificación de las ayudas, en línea con lo indicado por la Comisión Europea para que los estados miembros hagan un uso cada vez mayor de las opciones de costes simplificados.
Con ello, las comunidades autónomas se comprometen a abrir una línea estrecha de trabajo con el Ministerio para compartir la información sobre la evolución de los programas de forma periódica; elaborar y compartir un manual de buenas prácticas para la gestión y tener la máxima transparencia en toda la información sobre la ampliación de crédito de las ayudas.
