La UCAM ha impartido el curso 'Aprender a comunicar' a jóvenes con discapacidad usuarios de Astrapace. La formación se ha desarrollado a lo largo de varias semanas a través de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la universidad. El objetivo declarado es mejorar sus habilidades comunicativas de cara a su desarrollo personal y a su acceso al entorno laboral. La actividad ha contado con el patrocinio de la Dirección General de Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No se ha detallado el número de participantes ni el importe del patrocinio.
José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, figura como impulsor de la iniciativa. La universidad sitúa el curso dentro de la actividad ordinaria de su cátedra de responsabilidad social, y no como un programa formativo reglado con titulación asociada. No se ha detallado si la formación otorga algún tipo de certificación ni si computa como itinerario previo a un proceso de inserción.
Astrapace ha aportado a los participantes del curso. La entidad aparece en la información como origen de los jóvenes formados, aunque no se ha detallado su papel en el diseño de los contenidos, en la selección de los asistentes ni en el seguimiento posterior de los participantes.
La comunicación, convertida en requisito de empleabilidad
La UCAM justifica el curso en el peso creciente de las redes sociales, las nuevas tecnologías y los nuevos formatos comunicativos, que obligan al conjunto de la sociedad a manejar estas herramientas. El planteamiento traslada un diagnóstico conocido del mercado laboral a un colectivo que suele quedar fuera de esa conversación: la competencia comunicativa ya no es un complemento del perfil profesional, sino una condición de acceso. Para personas con discapacidad, esa barrera se suma a las que ya operan en los procesos de selección.
La formación ha combinado contenidos jurídicos y contenidos de valores. Los talleres han abordado cómo ejercer los propios derechos y los del medioambiente y el entorno, un enfoque que vincula la capacidad de expresarse con la capacidad de reclamar. No se ha detallado el número de talleres impartidos ni su duración.
Quién ha impartido el curso
Los profesores Luís Duran y Silvia Duran, de la Facultad de Derecho de la UCAM, se han encargado de los talleres sobre derechos. La elección del departamento no es neutra: el curso no se ha planteado desde una facultad de comunicación, sino desde el terreno jurídico, lo que orienta el aprendizaje hacia el ejercicio práctico de derechos más que hacia la técnica narrativa o audiovisual.
Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social, ha desarrollado una charla sobre responsabilidad social a partir de una interpelación de la encíclica 'Laudato Si' del Papa Francisco. Es el bloque que conecta el curso con la identidad católica de la institución y con el marco de sostenibilidad que la universidad aplica a sus programas de acción social.
La economía social paga la factura
La Dirección General de Economía Social ha financiado la actividad como patrocinador. La adscripción del patrocinio a esa dirección general sitúa el curso en el perímetro de las políticas de economía social del Gobierno regional, y no en el de las políticas educativas o de innovación. Es una señal sobre cómo se está financiando la formación previa al empleo dirigida a colectivos con dificultades de acceso.
La colaboración reúne a tres actores de perfil distinto: una universidad privada, una entidad social especializada en atención a la discapacidad y una dirección general autonómica. El esquema es el habitual en los programas de empleabilidad para colectivos vulnerables, donde la administración aporta financiación, la entidad social aporta los usuarios y la universidad aporta el aula y los docentes.
Lo que no se ha detallado
La UCAM no ha facilitado los datos que permitirían medir el alcance real del programa. No se ha detallado cuántos jóvenes han participado, cuántas horas ha durado la formación, cuál ha sido el importe aportado por la Comunidad ni si existe algún mecanismo de seguimiento para verificar si los participantes acceden efectivamente a un empleo. Tampoco se ha detallado si habrá nuevas ediciones del curso ni si la colaboración entre la universidad y Astrapace tiene continuidad prevista.
La ausencia de indicadores es el punto débil de este tipo de iniciativas. Sin cifras de participación ni de inserción posterior, el impacto sobre la empleabilidad de los jóvenes formados queda sin verificar, por más que el diagnóstico de partida sobre el peso de la comunicación en el acceso al trabajo sea difícilmente discutible.
