Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha sumado a España a una iniciativa conjunta de cinco países europeos para presionar a la Comisión Europea y que cree un nuevo impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. La petición, formalizada en una carta enviada este sábado a Bruselas, se produce en un contexto de escalada de precios del petróleo vinculada al conflicto en Oriente Próximo y busca trasladar el coste de la crisis energética desde los ciudadanos hacia las empresas del sector.
Junto a Cuerpo, han suscrito la misiva sus homólogos de Alemania, Lars Klingbeil; Italia, Giancarlo Giorgetti; Austria, Markus Marterbauer; y Portugal, Joaquim Miranda Sarmento. Los cinco responsables de Economía reclaman un mecanismo de solidaridad europeo que permita gravar las ganancias extraordinarias generadas por las energéticas durante el conflicto, con el objetivo explícito de "aliviar la carga sobre los consumidores y contribuyentes".
Un precedente de 2022
La propuesta no parte de cero. Los firmantes recuerdan en la carta que la Unión Europea ya aplicó un instrumento similar en 2022, cuando el Reglamento (UE) 2022/1854, de 6 de octubre de ese año, estableció una contribución solidaria temporal como respuesta de emergencia a los altos precios de la energía. Los ministros consideran que ese mecanismo puede servir de modelo jurídico y político para la nueva medida que ahora solicitan.
"Un instrumento similar ya se introdujo en 2022 mediante una contribución solidaria temporal establecida por el Reglamento (UE) 2022/1854, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para abordar los altos precios de la energía", recoge la carta, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press.
El Eurogrupo, punto de arranque
La iniciativa tiene su origen en la reunión del Eurogrupo del 27 de marzo de 2026, donde los cinco ministros ya plantearon y defendieron la necesidad de gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. La carta enviada este sábado a la Comisión es la traslación formal de ese posicionamiento, con la exigencia de que Bruselas actúe con rapidez.
Los responsables de Economía son explícitos en su diagnóstico: ante la volatilidad actual de los mercados energéticos y las restricciones que pesan sobre los presupuestos públicos de los Estados miembros, no existe margen para absorber el impacto del encarecimiento del petróleo a través del gasto público. De ahí que apuesten por un instrumento europeo que dirija la presión fiscal hacia el sector que, a su juicio, está obteniendo ganancias extraordinarias a costa de la situación geopolítica.
Unidad política como mensaje
Más allá de la dimensión fiscal, la carta tiene una lectura política deliberada. Los cinco ministros subrayan la necesidad de trasladar a los ciudadanos europeos una señal clara de cohesión ante las consecuencias económicas de la guerra. En sus palabras, una solución de este tipo serviría para demostrar "unidad y capacidad de actuación" dentro de la Unión Europea, en un momento en que la credibilidad de las instituciones comunitarias frente a las crisis externas está en cuestión.
La petición incluye además una condición explícita: el eventual instrumento europeo no debe interferir ni sustituir las medidas nacionales que cada Estado miembro esté adoptando por su cuenta para hacer frente a los altos precios de la energía.
Plazos y próximos pasos
La carta concluye con una petición de celeridad a la Comisión Europea, a la que instan a desarrollar el instrumento "con la mayor rapidez posible" y con "una sólida base jurídica". No se ha detallado un calendario concreto ni se ha precisado qué estructura técnica tendría el gravamen, qué umbrales de beneficio se aplicarían ni qué porcentaje de contribución se contempla.
