Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola, Endesa, Naturgy y el resto de grandes operadoras eléctricas llegan al primer aniversario del histórico apagón del 28 de abril de 2025 sin que ningún organismo haya señalado a un responsable claro del incidente. Ese día, millones de personas en España y Portugal quedaron sin suministro eléctrico durante horas en lo que Entso-E —la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad— calificó como el mayor cero eléctrico registrado en el continente en las últimas dos décadas. Doce meses después, los informes acumulados no han despejado la incógnita sobre la causa ni sobre quién debe asumir la factura.
Los informes: todos coinciden en no señalar a nadie
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue el primero en publicar sus conclusiones, en menos de dos meses desde el incidente. Su diagnóstico calificó el apagón como un evento "multifactorial" que combinó episodios de sobretensión, oscilaciones en la red y desconexiones de centrales. El ministerio acompañó el informe de una batería de medidas para reforzar la supervisión del sistema, pero no señaló a ningún actor concreto como responsable.
Entso-E tardó más: su informe final, presentado en marzo de 2026, llegó a conclusiones similares. La organización europea describió el apagón como un "evento sin precedentes", atribuyéndolo a una mezcla de oscilaciones en el sistema, dificultades para mantener la tensión estable y desconexiones rápidas de generación en España. Las recomendaciones apuntaron a fortalecer las prácticas operativas, mejorar el monitoreo del comportamiento de la red y estrechar la coordinación entre operadores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su informe casi once meses después del apagón. El documento, de naturaleza consultiva, también eludió señalar responsables directos. Sin embargo, la CNMC dejó un dato significativo: el 28 de abril de 2025 existían "las herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro" que habrían podido evitar el incidente.
55 expedientes abiertos, pero el veredicto tardará
La CNMC activó, justo antes del primer aniversario, unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción. REE enfrenta un expediente calificado como muy grave. Con carácter grave figuran Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, junto a Iberdrola, Endesa y Naturgy. No se ha detallado el importe de las posibles sanciones. Conocer si esos expedientes derivan en multas definitivas requerirá previsiblemente más de un año adicional, y todo apunta a que los tribunales serán el escenario de resolución última.
Las comisiones parlamentarias: más ruido que luz
La Comisión de Investigación del Senado concluyó su trabajo con una mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta señalando como culpables al Gobierno, a REE y a la CNMC por "inacción regulatoria y supervisora". La comisión reprodujo la dinámica habitual: cada actor del sector apuntó al siguiente, sin que emergiera un relato consensuado sobre lo ocurrido.
La Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados arrancó esta misma semana con las comparecencias de los máximos directivos de las empresas energéticas. El inicio de los trabajos apunta a seguir el mismo patrón de acusaciones cruzadas entre los distintos actores del sistema eléctrico. No se ha detallado un calendario para la conclusión de esta comisión ni para la resolución de las demandas judiciales en curso por los daños del apagón.
La factura, el legado más inmediato
El apagón dejó otro efecto duradero: la implantación de un modo reforzado en la operación del sistema eléctrico desde ese mismo día. Selectra cifra en 27,6 euros/MWh el coste de los servicios de ajuste en marzo de 2026, un 74% más que en el mismo mes del año anterior y más del doble que en marzo de 2024.
La causa de ese encarecimiento es estructural. La mayor presencia de energías renovables ha bajado el precio en el mercado mayorista, pero la variabilidad de estas fuentes obliga a disponer de mayor respaldo —principalmente ciclos combinados de gas natural— para mantener el equilibrio entre oferta y demanda. Ese coste adicional se traslada con especial rapidez a los consumidores acogidos al mercado regulado, el denominado PVPC.
Un año después del mayor apagón en dos décadas, el sistema eléctrico opera con más cautela y más coste, los organismos reguladores han repartido expedientes sin fijar culpas, y las demandas judiciales por los daños del incidente tienen por delante un recorrido largo e incierto.
