La desinformación ha dejado de ser un problema exclusivamente informativo para convertirse en un riesgo económico sistémico. Esa es la conclusión central del estudio 'The Global Economic Impact of Disinformation', publicado por Sopra Steria, consultora europea líder en servicios digitales, que ofrece la primera cuantificación completa y multidimensional del fenómeno a escala mundial desde 2019. La cifra que resume el problema: unos 500.000 millones de dólares anuales de coste global, de los cuales 417.000 M$ corresponden solo a 2024.
La investigación ha sido elaborada bajo la supervisión de un comité científico internacional y utiliza una metodología inspirada en los protocolos del IPCC —el panel intergubernamental sobre cambio climático—, combinando metaanálisis de estudios previos, análisis de casos documentados y modelización económica. Su alcance abarca tres grandes dimensiones del impacto: financiero, social y político.
Un daño que se mide en tres frentes
El grueso del impacto se concentra en el ámbito financiero, con una horquilla estimada de entre 353.500 y 456.400 M$, impulsada por reseñas falsas, manipulación de mercados, fraudes basados en inteligencia artificial —incluidos los 'deepfakes'— y la economía publicitaria que se genera en torno a los sitios de desinformación.
El impacto social alcanza hasta 19.900 M$, con efectos directos sobre la salud pública, la salud mental, la polarización social y la erosión de la confianza en las instituciones. Por su parte, el impacto político se sitúa en hasta 40.100 M$, incluyendo interferencias electorales, campañas de propaganda y los costes crecientes asociados a los mecanismos de protección democrática.
Por qué el sector financiero es el más vulnerable
El informe señala al sector financiero como especialmente expuesto, y la razón es estructural: su actividad se sustenta sobre dos activos —la confianza y la información— que son precisamente los más vulnerables a la desinformación. Además, las instituciones financieras ocupan el centro de los flujos económicos: pagos, comercio electrónico, inversiones, crédito. Cuando una campaña de manipulación informativa afecta a cualquier sector mediante un boicot o una distorsión de la opinión pública, sus efectos se transmiten de forma casi inmediata a esos flujos financieros.
La brecha que lo hace posible
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la desproporción entre los recursos que genera la desinformación y los que se destinan a combatirla. Mientras grandes plataformas y actores malintencionados pueden obtener miles de millones mediante contenido fraudulento, el presupuesto global destinado al 'fact-checking' no alcanza los 100 M$. Una brecha que, según el informe, compromete la integridad de las economías modernas y socava la estabilidad democrática y financiera.
Antonio Peñalver, director general de Sopra Steria España, lo formula en términos de gestión empresarial: "La desinformación ya no es un fenómeno abstracto: es un riesgo económico tangible que afecta las decisiones de inversión, la estabilidad política y la cohesión social."
De la ciberseguridad a la resiliencia informacional
El informe establece un paralelismo revelador: lo que ocurrió con la ciberseguridad hace dos décadas —cuando pasó de ser una preocupación técnica marginal a un elemento central de la gestión de riesgos corporativos— está ocurriendo ahora con la desinformación. Sopra Steria defiende que empresas e instituciones deben integrar este riesgo en sus estructuras, desarrollando capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante campañas de manipulación.
Para ello, la compañía ha desarrollado herramientas orientadas a detectar 'deepfakes' y contenidos sintéticos, monitorizar riesgos reputacionales, identificar patrones de manipulación a gran escala y activar respuestas rápidas de tipo comunicacional, tecnológico y legal. Además, impulsa el Cercle Pégase, un 'think tank' dedicado al análisis de las amenazas informativas que reúne a instituciones públicas, empresas y expertos.
No se ha detallado el desglose geográfico del impacto ni datos específicos para el mercado español.
¿Qué implica esto para las pymes?
Aunque el estudio no desglosa datos por tamaño de empresa ni por mercado español, las conclusiones apuntan directamente a uno de los segmentos más vulnerables: las pequeñas y medianas empresas. Una pyme con menor capacidad de respuesta comunicacional, sin equipos dedicados a la gestión reputacional y con recursos tecnológicos limitados es, por definición, más susceptible al daño que puede causar una campaña de desinformación —ya sea una reseña falsa coordinada, una manipulación de su imagen en redes o un fraude basado en 'deepfakes' que suplante su identidad. La incorporación de este riesgo a la gestión empresarial, que el informe defiende como imprescindible, representa para las pymes un reto adicional al que aún no existe una respuesta estandarizada ni asequible en el mercado.
