La Ley de Universidades de Murcia llega al Consejo Jurídico
El anteproyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia alcanzó este 1 de junio de 2026 una nueva etapa en su tramitación administrativa: el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, entregó el texto al presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén. El paso se produce después de que el anteproyecto superara el análisis del Consejo Económico y Social y de que se incorporaran al texto las aportaciones consideradas oportunas.
El pronunciamiento del Consejo Jurídico no tiene carácter vinculante, pero sus observaciones permitirán afinar técnicamente la norma antes de que sea remitida a la Asamblea Regional, donde continuará la tramitación parlamentaria. Con este movimiento, la futura ley queda a un paso de iniciar su recorrido legislativo en la cámara autonómica.
Un proceso con más de 300 aportaciones ciudadanas e institucionales
El anteproyecto es el resultado de un proceso de elaboración participado en dos fases. En la primera —consulta pública previa— se recogieron 221 aportaciones procedentes de universidades, agentes sociales, económicos y laborales, academias científicas y culturales, ayuntamientos y ciudadanía en general. En la segunda fase, la audiencia pública, se recibieron 115 alegaciones, de las que se incorporó alrededor del 70% al texto final.
Juan María Vázquez subrayó que el objetivo del Gobierno regional es que "la Región de Murcia disponga de una norma moderna, útil y adaptada a los retos reales de sus universidades". El consejero destacó que el texto "ha crecido con las aportaciones recibidas y mantiene intacta su vocación de consenso".
Qué busca cambiar la futura ley universitaria
Entre sus objetivos principales, el anteproyecto busca modernizar el sistema universitario regional, fortalecer la calidad, impulsar la investigación y favorecer la transferencia de conocimiento entre las universidades y el tejido productivo y social de la Región de Murcia. El texto también apunta a una mayor internacionalización de las instituciones académicas y a una conexión más fluida entre el talento universitario y las necesidades del mercado.
En materia de financiación, la futura norma incorpora el objetivo de que la inversión pública universitaria alcance al menos el 1% del PIB regional, sumando aportaciones autonómicas, estatales y fondos externos captados por las propias universidades. No se ha detallado el horizonte temporal para alcanzar ese umbral ni las fórmulas de seguimiento del cumplimiento.
El anteproyecto también consolida la Defensoría Universitaria, refuerza el papel de los Consejos Sociales y avanza en materia de transparencia institucional. La inclusión queda recogida como principio rector del sistema.
Próximos pasos antes de la Asamblea Regional
Tras el dictamen del Consejo Jurídico, cuyas consideraciones serán estudiadas para seguir perfeccionando el texto, el anteproyecto deberá ser elevado al Consejo de Gobierno antes de iniciar su tramitación parlamentaria en la Asamblea Regional. Juan María Vázquez indicó que el Gobierno afronta esta fase "con la misma voluntad de diálogo que ha guiado todo el proceso".
El consejero cifró el alcance de la norma: "Estamos más cerca de que la Región cuente con una Ley de Universidades propia, construida desde la participación y pensada para fortalecer a nuestras universidades, a sus estudiantes, a sus investigadores y al conjunto de la sociedad regional".
No se ha detallado el calendario previsto para la aprobación en Consejo de Gobierno ni la fecha de entrada del texto en la Asamblea Regional.