España necesita 4.500 M€ más para cumplir su ley de ciencia
4.500 M€ de agujero: España no llegará al 1,25% del PIB en I+D+I. El Tribunal de Cuentas detecta carencias graves en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.
El Tribunal de Cuentas ha cuantificado el coste real de incumplir la promesa científica de España: el país necesita aumentar en 4.500 M€ su financiación pública en I+D+I para alcanzar el 1,25% del PIB que exige la Ley de la Ciencia en 2030. El dato procede del informe de Fiscalización de los sistemas de planificación por objetivos de la Administración General del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, correspondiente al ejercicio 2024.
El informe no es solo una llamada de atención presupuestaria. El Tribunal de Cuentas evalúa también la arquitectura estratégica que debe sostener ese gasto y concluye que presenta debilidades estructurales que comprometen su eficacia.
El mapa de lo que falla
El principal instrumento de planificación es la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI), que define los fines, las líneas de actuación y los mecanismos para evaluar el desarrollo de las políticas públicas de investigación. El Tribunal reconoce que la EECTI 2021-2027 está "adecuadamente diseñada" y supone un avance sobre la estrategia anterior, pero identifica "carencias y aspectos a mejorar" que afectan a tres niveles concretos: la definición de objetivos, el establecimiento de metas y la medición de resultados.
El problema de fondo es que sin metas cuantificables y sin indicadores de resultado sólidos, resulta imposible saber con precisión si la estrategia se está cumpliendo o no. El organismo fiscalizador lo dice con claridad: los mecanismos de seguimiento existentes se apoyan principalmente en información presupuestaria y de gestión de actuaciones, pero "carecen de información relevante sobre el grado de consecución de los objetivos estratégicos".
Un sistema que gasta pero no sabe si acertó
Esta es la paradoja que señala el informe: España tiene una estrategia de I+D+I activa, con presupuesto asignado y múltiples administraciones y agentes del sistema científico implicados, pero los mecanismos para evaluar si ese esfuerzo se traduce en resultados reales son insuficientes. El Tribunal de Cuentas recomienda "reforzar la calidad de la planificación estratégica mediante objetivos más claros y evaluables, metas cuantificables y mecanismos que permitan relacionar las actuaciones desarrolladas con los resultados alcanzados y su impacto".
No se trata de una crítica a la dirección tomada, sino a la capacidad del sistema para corregir el rumbo si es necesario. Sin datos fiables sobre el impacto de las políticas, cualquier ajuste presupuestario o estratégico se convierte en una decisión a ciegas.
Lo que el informe valora positivamente
El Tribunal no ofrece un diagnóstico exclusivamente negativo. La fiscalización considera "coherente y adecuado el marco de gobernanza" de la estrategia para la consecución de sus fines. La participación de múltiples administraciones públicas y agentes del sistema de innovación se valora como un activo, siempre que esté respaldada por mecanismos eficaces de coordinación.
El organismo también destaca la robustez del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), una herramienta en evolución continua que "ofrece importantes posibilidades para reforzar el análisis de resultados, mejorar la toma de decisiones y avanzar en la evaluación del impacto de las políticas públicas de I+D+I". En la lectura del Tribunal, el SICTI es uno de los instrumentos con mayor potencial para cerrar la brecha de evaluación que el informe detecta.
4.500 M€: el reto real
La cifra de 4.500 M€ no es un estimado especulativo. Es la distancia entre lo que España gasta hoy en financiación pública en investigación y desarrollo y lo que la propia Ley de la Ciencia obliga a alcanzar en 2030. Cuatro años y medio. Un plazo que, con la senda presupuestaria actual, el Tribunal considera insuficiente sin un aumento significativo del esfuerzo.
Para el ecosistema de startups, empresas tecnológicas y centros de investigación que dependen de convocatorias públicas, fondos competitivos y programas de transferencia, la advertencia del Tribunal tiene consecuencias directas. Una estrategia nacional de I+D+I con objetivos borrosos y sin evaluación de impacto rigurosa es también una estrategia que distribuye peor los recursos disponibles.
No se ha detallado en el informe qué distribución territorial tendría ese incremento de 4.500 M€ ni qué programas o instrumentos específicos deberían absorberlo.