PRESUPUESTO

La Región de Murcia invierte 11,3 M€ en ciberseguridad: "Lo que no se mantiene se vuelve vulnerable"

El consejero Luis Alberto Marín defiende en la Asamblea que un fallo en los sistemas podría paralizar la sanidad, la educación y la atención al ciudadano.

El consejero Luis Alberto Marín defiende en la Asamblea Regional un contrato crítico para blindar los sistemas digitales de la Administración ante el aumento de ciberataques.

La Región de Murcia ha autorizado un contrato de 11,3 M€ para la gestión, operación y soporte de la infraestructura informática de la Comunidad Autónoma. El Gobierno regional lo presenta como una decisión estratégica y no como un gasto extraordinario: la creciente amenaza de los ciberataques y la dependencia digital de los servicios públicos lo convierten, a su juicio, en una inversión irrenunciable.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, explicó en el Pleno de la Asamblea Regional que "los ataques informáticos son cada vez más continuos, más organizados y cada vez están más automatizados". Una amenaza en escalada que, según el consejero, ya no admite respuestas reactivas.

El precio de no actuar

Marín recurrió a un caso conocido para ilustrar las consecuencias de un sistema sin protección adecuada: el ataque al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que obligó a paralizar trámites durante semanas. "Recuperar un sistema no es volver a darle al botón de inicio, puede llevar semanas o meses", advirtió.

El argumento no es abstracto. Detrás de los servidores de la Administración regional se encuentran servicios que afectan directamente al ciudadano: la sanidad, la educación o la atención social. "Hablamos de una receta electrónica que un pensionista no puede retirar si se caen los sistemas, de una ayuda que no se tramita o de una cita que desaparece", señaló el consejero durante su intervención.

En ese contexto, Marín insistió en que la infraestructura tecnológica de la Comunidad Autónoma debe considerarse un sistema "crítico", que sostiene la actividad diaria de la Administración y que exige mantenimiento constante. "En tecnología hay una regla clara: lo que no se mantiene se vuelve vulnerable", remarcó.

Qué incluye el contrato

El contrato contempla el soporte integral de servidores, bases de datos corporativas, sistemas de información, entornos en la nube y plataformas de trabajo, además de la monitorización continua de todos los sistemas. También recoge la interoperabilidad entre consejerías y la capacidad de compartir información en tiempo real, que el consejero señaló como elementos clave para el funcionamiento coordinado de la Administración.

No se ha detallado el número de empresas concurrentes al proceso de contratación ni el plazo de vigencia del contrato.

Respaldo desde el PP

La interpelación en el Pleno fue formulada por el diputado del PP Ramón Sánchez Parra, quien respaldó la actuación del Ejecutivo. En su intervención, Sánchez Parra rechazó que se trate de "tecnología en abstracto" y subrayó que estos sistemas son los que permiten registrar solicitudes, gestionar ayudas o acceder a bases de datos en tiempo real. "Estamos hablando de que las cosas funcionen o de que se bloqueen", afirmó.

El diputado también puso el foco en el impacto ciudadano de un hipotético fallo: "Cuando se paraliza la administración, el problema deja de ser público y pasa a ser ciudadano".

Anticipación frente a infrafinanciación

Marín enmarcó la decisión en un contexto de infrafinanciación autonómica, argumentando que pese a esa limitación estructural el Gobierno regional sigue priorizando la estabilidad de los servicios públicos. "Aquí no vale actuar cuando el problema ya ha ocurrido, hay que anticiparse", insistió.

El consejero defendió además que este tipo de contratos no son acciones puntuales, sino compromisos de mantenimiento, actualización y supervisión permanente que exige la naturaleza de la tecnología pública.

No se ha detallado si el contrato supone una renovación de uno anterior ni el nombre del adjudicatario.