El contrato de ciberseguridad del Estado se queda sin dinero
El Gobierno ha suspendido la tramitación del lote 3 del contrato CORA, el megacontrato estatal de comunicaciones valorado en 340 M€, justo cuando Telefónica había conseguido revalidar su posición como única oferta válida tras meses de batalla jurídica. La causa: la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria, según consta en el acta de la Mesa de Contratación de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado. El lote en cuestión, dedicado a ciberseguridad e interconexión de datos, tiene un importe de 63 M€ sin impuestos.
Un contrato con historia de recursos y exclusiones
El contrato CORA lleva más de un año generando litigios. En julio de 2025, el Gobierno adjudicó la tercera edición del contrato, que centraliza servicios de voz fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes para más de 85 organismos públicos durante 3,7 años. El lote 1 fue para Telefónica; el lote 2, para MasOrange; el lote 3, para una Unión Temporal de Empresas formada por Orange, TRC y Mnemo; y el lote 4, para Evolutio.
Telefónica recurrió la adjudicación del lote 3 argumentando que Mnemo carecía de plan de igualdad, un requisito obligatorio en concursos públicos. En septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) le dio la razón y anuló la adjudicación inicial.
La exclusión que el TACRC también anuló
La historia no terminó ahí. Durante la fase de formalización, la mesa de contratación exigió a Telefónica acreditar el cumplimiento del requisito del plan de igualdad en toda su cadena de subcontratación. La operadora defendió que la ley permite ajustar dicha estructura, pero en noviembre de 2025 la mesa decidió excluirla al considerar que uno de sus proveedores, Govertis, no cumplía las condiciones. El lote quedó desierto.
Telefónica volvió a recurrir. El TACRC estimó de nuevo el recurso de la compañía presidida por Marc Murtra, al entender que la exclusión no se ajustó a derecho y que su oferta seguía siendo válida. La Mesa acordó entonces anular la resolución de exclusión y retrotraer el procedimiento al momento anterior, con Telefónica como única oferta válida para el lote 3.
Prórroga forzosa y licitación paralela
Para garantizar la continuidad del servicio durante todo el proceso judicial, Telefónica mantuvo la prestación del lote desde diciembre de 2025 mediante una prórroga forzosa. En paralelo, la Administración lanzó una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables, en exclusiva con la compañía. Telefónica presentó su oferta en marzo de 2026 y la entrada en vigor del nuevo contrato estaba prevista para el 1 de junio.
El bloqueo presupuestario
Con el procedimiento ordinario retomado y la oferta de Telefónica como única válida, todo apuntaba a una resolución inminente. Sin embargo, la Mesa de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha dejado constancia expresa de la pérdida de cobertura presupuestaria del expediente. La causa está en la anulación de los documentos contables de Retención de Crédito por parte de los organismos cofinanciadores: Imserso, Ingesa y DGRCC, que retiraron su respaldo económico durante la pendencia del recurso especial.
Qué significa la suspensión
La tramitación queda en suspenso de forma indefinida. No se ha detallado un plazo para reactivar el expediente ni qué mecanismo presupuestario se activará para recuperar la cobertura. El importe de 63 M€ que corresponde al lote 3 queda por tanto sin asignación operativa, en un contexto en el que Telefónica sigue prestando el servicio en régimen de prórroga y la licitación negociada paralela también pierde su sentido práctico inmediato si no hay presupuesto que la sostenga.
No se ha detallado si la Administración tiene previsto habilitar una nueva consignación presupuestaria ni en qué plazo podría resolverse el bloqueo.