La Ley del Cine sale del bloqueo: más dinero, más deducciones y nuevas reglas
El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual supera esta semana su primer obstáculo parlamentario y abre la vía hacia una reforma que lleva casi dos décadas pendiente. El Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad con 175 votos y el texto entra ahora en la fase de ponencia y enmiendas parciales, donde se definirán los aspectos que más afectan a productoras, distribuidoras y exhibidoras. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que la nueva ley elevará los incentivos fiscales al máximo permitido por la Unión Europea, una de las medidas más esperadas por el sector.
Qué regula la nueva ley
La norma tiene un objetivo claro: ordenar la actividad cinematográfica y audiovisual en España y actualizar un texto de 2007 que ya no refleja cómo se produce, distribuye ni consume contenido. El proyecto estructura su articulado en torno a cinco grandes bloques: nacionalidad y calificación de obras, protección del patrimonio cinematográfico, transparencia y defensa de la competencia, exhibición cinematográfica y, el más relevante para el tejido empresarial, el capítulo dedicado a las medidas de fomento y los incentivos fiscales.
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) elaborará anualmente un presupuesto de ayudas destinadas a financiar la creación, producción, distribución, exhibición y promoción de películas y obras audiovisuales. El foco prioritario serán los sectores independientes y las obras de interés cultural. La ley también recoge un sistema de créditos en condiciones favorables para proyectos que incorporen medidas de accesibilidad —subtitulado, audiodescripción, lengua de signos— y criterios de sostenibilidad.
El mapa completo de ayudas directas
El capítulo de fomento se divide en diez secciones que cubren la totalidad de la cadena de valor: ayudas a la escritura de guiones y al desarrollo de proyectos, a la producción, a la distribución, a la exhibición, a la conservación del patrimonio, a la internacionalización, a la organización de festivales y a proyectos de investigación y creación de audiencias. Un productor puede, en teoría, encontrar financiación pública en cada una de las fases de su proyecto, desde la idea hasta la venta en mercados internacionales.
La ley establece además que los proyectos cuya versión original sea en alguna de las lenguas oficiales del Estado tendrán acceso específico a ayudas. Esta disposición, negociada con Junts, refuerza la posición del cine en catalán, gallego y euskera dentro del sistema de subvenciones, pero el Gobierno ha subrayado que se aplicará de forma extensiva a todas las lenguas cooficiales.
Incentivos fiscales: el cambio más esperado
El marco fiscal vigente ya contempla deducciones significativas, pero la nueva ley aspira a elevarlas. Actualmente, las inversiones en producciones españolas —largometrajes, cortometrajes y series de ficción, animación o documental— dan derecho al productor a una deducción del 30% sobre el primer millón de euros de base y del 25% sobre el importe restante, con un límite máximo de 10 M€ por producción. La cuantía total de incentivos no puede superar el 50% del coste de producción.
Para las producciones extranjeras rodadas en España, el incentivo es del 30% sobre el primer millón de gastos ejecutados en territorio español y del 25% sobre el exceso, con un techo de 20 M€ por largometraje y 10 M€ por episodio en series. El gasto mínimo elegible es de 1 M€, o de 200.000 € en el caso de las producciones de animación. Los gastos deducibles comprenden costes de personal creativo e industrias técnicas contratadas en España.
Urtasun ha anunciado que la nueva ley llevará estos porcentajes al techo máximo autorizado por la Unión Europea, aunque no se ha detallado en qué cifras exactas se concretará esa subida ni cómo se articulará en el articulado definitivo, ya que el texto aún está en fase de enmiendas.
Qué es un productor independiente: el punto más conflictivo
Uno de los artículos más debatidos define quién tiene acceso al sistema de ayudas. La ley considera productora independiente a la "persona física o jurídica que ni ejerza, ni sea objeto de influencia dominante por parte de una prestadora de servicios de comunicación audiovisual". Se entiende que existe influencia dominante cuando ambas partes pertenecen a un mismo grupo societario o cuando se dan otras circunstancias de control que el texto detalla. Esta definición excluye del catálogo de ayudas a las películas producidas directamente por operadores de televisión o plataformas. Las coproducciones entre una productora independiente y una prestadora de servicios audiovisuales comunitaria sí podrían acceder, según las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras.
Régimen sancionador y nuevo organismo de diálogo
La norma introduce un régimen sancionador escalonado: las infracciones leves pueden acarrear multas de hasta 20.000 €, las graves de hasta 100.000 € y las muy graves de hasta 300.000 €. El articulado especifica qué conductas se encuadran en cada categoría. Paralelamente, la ley ordena la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Este organismo, compuesto por representantes de la Administración, asociaciones del sector y vocales de reconocido prestigio, actuará como instrumento de diálogo y cooperación.
La Filmoteca Española queda calificada como Bien de Interés Cultural y el proyecto modifica la Ley de Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el patrimonio audiovisual y cinematográfico.
Qué pasa ahora y cuándo puede entrar en vigor
Con las enmiendas a la totalidad superadas, el texto entra en ponencia. Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al articulado —la fase donde se negociarán los porcentajes exactos de los incentivos fiscales, las cuotas de pantalla, las ventanas de exhibición y la definición final de productor independiente—. El Gobierno aspira a aprobar la ley antes de que termine 2026, aunque no se ha detallado un calendario oficial de plazos. Las asociaciones de producción independiente agrupadas en PAP —AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM— han pedido la apertura urgente de un proceso de diálogo real con el sector antes de su tramitación definitiva.